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Aun con significativas mejoras en el acceso a derechos de personas refugiadas y migrantes en Ecuador, enfrentan importantes barreras para su integración
Con avances en indicadores de educación, documentación y alimentos, la quinta ronda de evaluaciones conjuntas de necesidades del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) revela desafíos importantes en el acceso a alojamiento, empleo y servicios médicos en medio de un contexto socioeconómico complejo.
12 de septiembre – Las personas refugiadas y migrantes en Ecuador siguen presentando barreras en el acceso a derechos básicos que facilitarían su integración local, a pesar de reconocerse avances clave en los últimos tres años, reveló el informe de la Evaluación Conjunta de Necesidades del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) en Ecuador.
El informe, basado en 2.541 encuestas válidas en 23 provincias y 106 cantones del país que representan a 9.635 personas, concluye que 1 de cada 4 personas en movilidad humana encuestadas en Ecuador tienen un título de educación superior, y el 80 por ciento de la población en edad de trabajar es económicamente activa, de las cuales el 76 por ciento tiene algún tipo de empleo. Adicionalmente, casi el 80 por ciento de los niños, niñas y adolescentes en las familias encuestadas asisten a la escuela, y un 96 por ciento desean o tienen planeado permanecer en el país en el próximo año.
“Reconocemos que las personas en movilidad humana y sus familias se enfrentan aún a varios desafíos y necesidades específicas. No obstante, destacamos importantes y significativos avances en materia de acceso a derechos y servicios en Ecuador”, mencionó José Iván Dávalos, Jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Ecuador y colíder del GTRM. “Este contexto requiere de acciones sostenidas para cerrar brechas de desigualdad que permitan tanto a personas refugiadas y migrantes como de las comunidades de acogida prosperar conjuntamente.”
Ecuador es hogar del cuarto número más alto de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en Latinoamérica. El proceso de registro y regularización se ha posicionado como una de las oportunidades clave para ellas en el país, de las cuales más de 201.000 personas tienen un registro de permanencia y más 71.000 se han regularizado hasta el 11 de septiembre, un proceso que sigue en curso. Con un estatus regular, se espera que miles de personas puedan mejorar y fortalecer su proyecto de vida y los de sus familias.
“Con un nivel significativo de personas que quieren quedarse en el país con capacidad y habilidades productivas, el potencial de contribución de las personas refugiadas y migrantes en Ecuador es enorme,” dijo Federico Agusti, Representante de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en Ecuador y colíder del GTRM. “Facilitar el acceso a oportunidades para que las mismas personas en movilidad humana puedan generar ingresos sostenibles, resultará en una integración más rápida y, a la larga, que puedan aportar significativamente a la economía del Ecuador.”
No obstante, en un contexto socioeconómico cada vez más complejo, aquellas personas encuestadas resaltan enfrentar barreras críticas para su integración.
Por cuarto año consecutivo, el acceso a alimentación sigue siendo la principal necesidad (28 por ciento), pese a una ligera disminución con respecto al 2022. Entre las personas encuestadas, 2 de cada 3 personas de estos grupos no tiene acceso a alimentación completa y suficiente. Esta afectación es mayor en las familias que tienen niños y niñas. El alojamiento (22,8 por ciento), el empleo (19,5 por ciento) y los servicios médicos (10,8 por ciento) siguen estando en el top 4 del ranking de necesidades más importante de las personas, registrando un aumento del número de grupos familiares con estas necesidades con respecto al 2022.
Aunque un importante porcentaje de personas encuestadas (tres de cuatro) tienen un trabajo, el 96 por ciento ejerce el empleo informal, aumentando el nivel de precariedad en las familias Además, el desempleo afecta en su mayoría a las mujeres, quienes en un 31 por ciento son desempleadas (frente a una tasa de desempleo de hombres de un 16 por ciento).
En cuanto a vivienda y alojamiento, la mayoría de las familias encuestadas (90,5 por ciento) viven en arriendo, pagando mensualmente casi USD131. En un grupo familiar de hasta cuatro personas, este gasto representa al menos el 52 por ciento del ingreso mensual promedio.
A pesar de un importante incremento sostenido en el acceso a educación para niños, niñas y adolescentes, las familias mencionan estar preocupadas sobre los peligros que pueden enfrentar en el trayecto a la escuela. Además, el 46 por ciento de las personas encuestadas mencionan haber percibido un aumento en la inseguridad y violencia. En este contexto, las personas refugiadas y migrantes siguen siendo objeto de generalizaciones negativas, reflejadas en el aumento de la xenofobia (del 36 por ciento en 2022 al 39 por ciento en 2023).
El informe revela también que, para satisfacer las necesidades más críticas, el 87 por ciento de las familias ha tenido que recurrir a distintos tipos de estrategias (frente al 85 por ciento registrado en 2022). En su mayoría, las familias mencionaron haber pedido dinero prestado, aumentar horas de trabajo, gastar ahorros, vender bienes o suspender el pago del arriendo, y pedir en la calle, entre otras.
Esta es la quinta ronda de evaluación de necesidades desarrollada por el GTRM que se basa en encuestas específicas hechas a personas refugiadas y migrantes de Venezuela que reciben asistencia de alguno de los socios durante el periodo de captación de datos.
El GTRM, a través de sus 71 organizaciones socias en todo el país, sigue respondiendo a las necesidades más urgentes de las personas refugiadas y migrantes en Ecuador. Sin embargo, a la fecha solamente el 7 por ciento de los fondos requeridos para brindar una respuesta integral han sido financiados. El GTRM hace un llamado a la comunidad internacional para seguir apoyando la respuesta a estas necesidades críticas en Ecuador.
Para descargar el informe haga clic aquí.
Para más información sobre este tema, contacte:
En ACNUR: Diana Díaz Rodriguez, diazdi@unhcr.org
En OIM: Paula Vásquez, pvasquez@iom.int